El IV Plan Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2018–2030 constituye el principal instrumento de política pública del Estado de Chile para promover la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y avanzar en la eliminación de las brechas, barreras e inequidades de género que persisten en distintos ámbitos de la sociedad.
Elaborado por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, este plan establece una hoja de ruta de largo plazo alineada con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas y con los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de derechos humanos e igualdad de género. La implementación de esta planificación contribuye al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) N°5: Igualdad de Género, así como de otros ODS relacionados con el trabajo decente, la reducción de las desigualdades y el fortalecimiento de instituciones eficaces e inclusivas.
Lee aquí el Plan Nacional de Igualdad entre Hombres y Mujeres 2018-2030.
El objetivo del plan es garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, fortaleciendo su autonomía física, económica y en la toma de decisiones, mediante acciones coordinadas entre las instituciones públicas y la incorporación del enfoque de género en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas. El plan promueve que todos los organismos del Estado contribuyan activamente a construir una sociedad más justa, inclusiva y libre de discriminación.
Para los servicios públicos, el plan representa un marco orientador que trasciende el cumplimiento normativo, ya que implica integrar la perspectiva de género en la gestión institucional, revisando procedimientos, políticas internas y procesos de toma de decisiones para identificar y reducir desigualdades que puedan afectar a funcionarias, funcionarios y personas usuarias de los servicios.
Para alcanzar este propósito, el plan contempla diversos ámbitos de acción. Entre ellos destacan:
- la promoción de la participación de las mujeres en espacios de liderazgo y toma de decisiones.
- el fortalecimiento de la autonomía económica mediante el acceso al trabajo decente y la reducción de las brechas salariales.
- la garantía del acceso oportuno y equitativo a la salud integral y a los derechos sexuales y reproductivos.
- la prevención, sanción y erradicación de todas las formas de violencia de género, incluyendo aquellas que se manifiestan en entornos digitales.
- medidas relacionadas con la corresponsabilidad social y familiar, la educación no sexista, el acceso a la justicia, la descentralización y el fortalecimiento institucional para transversalizar el enfoque de género en el Estado.
