Columna de Camila Osorio Nilo, Ingeniera de proyectos de la Unidad de Ingeniería y Desarrollo del Instituto Nacional de Hidráulica. Es Ingeniera Civil en Geografía de la Universidad de Santiago de Chile y Máster en Tecnologías de la Información Geográfica de la Universidad de Alcalá de Henares, España.
Chile es el país más expuesto a desastres de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Un 12,9% de la superficie nacional está expuesta a tres o más tipos de amenazas, lo que en términos demográficos equivale a un 54% de la población, según el Centro Regional por los Derechos del Niño (CREDEN, 2016). En este escenario, el cambio climático actúa como un factor multiplicador de riesgos, profundizando las sequías, expandiendo los incendios en la interfaz urbano-rural y agravando las inundaciones.
El verdadero problema surge cuando estas amenazas naturales se manifiestan en territorios ocupados por comunidades e infraestructuras críticas, transformando fenómenos previsibles en desastres evitables.
En este contexto, a nivel nacional, la planificación urbana – regulada por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) – establece en su artículo 2.1 que “en los planes reguladores podrán definirse áreas restringidas al desarrollo urbano, por constituir un peligro potencial para los asentamientos humanos”. Estas áreas de riesgo presentan restricciones a la construcción por razones de seguridad, las cuales deben ser previamente justificadas mediante un estudio fundado.
Sin embargo, lo que la normativa plantea como una herramienta preventiva, en la práctica muchas veces queda reducida sólo a una declaración formal. Pese a que la OGUC permite identificar y restringir áreas de riesgo a través de los planes reguladores, muchos de los instrumentos de planificación ya aprobados no cuentan con estudios de riesgo, o muchos de ellos se encuentran incompletos o desactualizados, lo que ha permitido el emplazamiento de viviendas e infraestructuras en zonas expuestas. Así, la planificación urbana termina reaccionando después del desastre, en lugar de anticiparlo.
El Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres (CIDIGEN), a través del Atlas del Riesgo de Desastres, indica que un 79% de las comunas en Chile no incorporan áreas de riesgos en sus planes reguladores. Si bien este estudio no analiza si estos 75 Planes Reguladores Comunales identificados presentan estudios de riesgo detallados, sí indica que tienen áreas de riesgo formalizadas en sus instrumentos reguladores, lo cual normalmente requiere, en la práctica, algún tipo de estudio o evidencia técnica de riesgo incorporada.
Existen otros casos en que los municipios definen sus áreas de restricción por inundaciones a partir de eventos anteriores, lo cual podría estar subestimando la real zona de riesgo y restricción. Para evitar este problema, la Guía Minvu (2024) entrega una serie de orientaciones claras sobre cómo deben desarrollarse los estudios de riesgo para los planes reguladores comunales e intercomunales. En esta guía se definen los criterios metodológicos y componentes que debe tener un Estudio de Riesgo, tales como: análisis de amenaza, la exposición y la vulnerabilidad del territorio a los distintos peligros (inundaciones, remociones en masa, sismos, etc.).
Desde el año 2000, en Chile se han registrado aproximadamente 70 desastres naturales, de los cuales un 38% corresponde a inundaciones ( EM-DAT – The international disaster database, 2025). Estas amenazas se han presentado de manera recurrente a lo largo de todo el territorio nacional, dejando un saldo aproximado de 283 personas fallecidas y más de 955 mil personas afectadas. La situación resulta aún más preocupante cuando estos eventos ocurren en territorios que no cuentan con una adecuada delimitación de áreas de riesgo ni con una gestión preventiva del desastre, lo que evidencia un enfoque reactivo, orientado a corregir los impactos una vez ocurridos, en lugar de anticiparse y reducir sus consecuencias.
Es en este contexto donde la modelación hidráulica adquiere un rol clave para la identificación de áreas de amenaza por inundaciones fluviales, aluvionales y otros procesos asociados. Esta herramienta permite estimar, con base técnica, las zonas potencialmente afectadas ante eventuales crecidas futuras, aportando información fundamental para la planificación territorial. Un enfoque similar puede aplicarse mediante modelación marítima para la evaluación de amenazas por tsunamis o eventos de marejadas.
A lo largo de su historia, el Instituto Nacional de Hidráulica ha desarrollado numerosas modelaciones hidráulicas en cauces de distintas cuencas del país (por ejemplo, estudios en el río Maipo, río Maule y río Valdivia), las que podrían constituir un insumo relevante para la elaboración de estudios de riesgo en los instrumentos de planificación territorial. Asimismo, otras instituciones públicas y privadas han generado modelaciones similares, las cuales en muchos casos son desconocidas por los municipios o resultan de difícil acceso, lo que evidencia la necesidad de articular, sistematizar y poner a disposición esta información para fortalecer una gestión del riesgo con enfoque preventivo.
Una forma de solucionar este problema, lo ha llevado a cabo CIGIDEN a través del Atlas del Riesgo de Desastres, el cual es una valiosa herramienta que recopila las áreas de riesgo de todos los instrumentos de planificación territorial en Chile. Sin embargo, falta aún una entidad que permita recopilar toda la información de modelaciones o simulaciones de distintas amenazas que hayan sido realizadas por instituciones gubernamentales y universidades, lo que limita su uso efectivo para la toma de decisiones en materia de planificación y gestión del riesgo.
